La Ley de Empleo 3/2023 acaba de ser publicada en el BOE, estableciendo medidas para mejorar la empleabilidad de las personas y reducir el desempleo en España. La ley se estructura en seis títulos que abordan aspectos como la política de empleo, los servicios públicos y privados de empleo, las políticas activas de empleo, la cartera de servicios y los servicios garantizados y compromisos de las personas y entidades demandantes de empleo, la financiación y la evaluación de la política de empleo. Descubre todos los detalles de esta ley en este artículo
- La Ley de Política de Empleo en España busca mejorar la empleabilidad de las personas y reducir el desempleo en el país.
- La ley se divide en seis títulos que abordan diferentes aspectos de la política de empleo, desde los servicios públicos y privados de empleo hasta la financiación y evaluación de la política de empleo.
- Se crea la Agencia Española de Empleo, que tiene como objetivo abordar los desafíos organizativos, tecnológicos y de gestión que enfrenta el sistema de empleo español.
- La creación de la Agencia Española de Empleo es uno de los aspectos más importantes de la Ley. Esta agencia tiene como objetivo abordar los desafíos organizativos, tecnológicos y de gestión que enfrenta el sistema de empleo español y proporcionar una serie de particularidades normativas, organizativas y de cumplimiento de objetivos que permiten una mayor eficacia en la prestación de servicios públicos.
- La ley establece la importancia de una coordinación efectiva y una planificación adecuada de la política de empleo para garantizar la convergencia necesaria entre las políticas de empleo de las distintas administraciones con competencias en la materia.
- Se busca promover la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y en el desarrollo profesional y reducir las brechas de género.
- Se establecen medidas para mejorar la atención a las personas demandantes de servicios de empleo y facilitar su acceso al mercado laboral.
- Se promueven políticas activas de empleo para impulsar la creación de empleo y mejorar la empleabilidad de las personas demandantes de los servicios de empleo.
- Se establece la necesidad de colaboración efectiva entre las distintas administraciones públicas con competencias en materia de empleo y las entidades colaboradoras, con el objetivo de lograr una convergencia necesaria entre las políticas de empleo.
- Se establecen infracciones y sanciones correspondientes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones por parte de las personas y entidades demandantes de empleo, las empresas y los servicios públicos y privados de empleo.
- Se define un marco de referencia para la formación profesional que permita la homologación de títulos y certificados de profesionalidad en todo el territorio nacional.
- Se establecen medidas para mejorar la calidad de la formación, garantizando la adecuación de los programas formativos a las necesidades del mercado laboral y la actualización permanente de los mismos.
- La ley hace hincapié en la importancia de la formación y la cualificación de las personas, estableciendo medidas para la mejora de la formación y el reciclaje profesional de las personas trabajadoras, así como para la adecuación de la formación a las necesidades del mercado laboral.
- Se establecen medidas para reducir las brechas de género en el mercado laboral y promover la igualdad de oportunidades, como la incorporación de criterios de género en la planificación y evaluación de las políticas de empleo y la promoción de la igualdad salarial entre hombres y mujeres.
- La Ley establece una serie de medidas para mejorar la coordinación entre los servicios públicos y privados de empleo, con el fin de garantizar una atención efectiva a las personas demandantes de servicios de empleo. Esto incluye la necesidad de compartir datos e información adecuados y actualizados entre los distintos organismos y entidades.
- La Ley establece la importancia de una planificación adecuada de la política de empleo para garantizar la convergencia necesaria entre las políticas de empleo de las distintas administraciones con competencias en la materia para la consecución de objetivos comunes.
- En el ámbito de la formación, la Ley establece la necesidad de garantizar la adecuación de los programas formativos a las necesidades del mercado laboral y la actualización permanente de los mismos. Asimismo, se establece la necesidad de establecer un marco de referencia para la formación profesional que permita la homologación de títulos y certificados de profesionalidad en todo el territorio nacional.
- La Ley establece la necesidad de mejorar la gestión del Sistema Nacional de Empleo, dotándolo de una mayor eficacia y eficiencia y estableciendo una mayor coordinación y colaboración entre los distintos órganos.
- En cuanto a la financiación de la política de empleo, la Ley establece la necesidad de adoptar los cambios legales oportunos para garantizar una adecuada disponibilidad y distribución de los presupuestos destinados a las políticas activas de empleo. Asimismo, se establece la obligación de las administraciones territoriales de destinar un mínimo del 50% de sus presupuestos para políticas activas de empleo, con el objetivo de garantizar una inversión suficiente en la mejora de la empleabilidad de las personas y la creación de empleo.
- La Ley establece medidas para reducir las brechas de género en el mercado laboral y promover la igualdad de oportunidades, como la incorporación de criterios de género en la planificación y evaluación de las políticas de empleo y la promoción de la igualdad salarial entre hombres y mujeres.
