Comunicado de Autoforma respecto a los nuevos requerimientos del SEPE para la facturación en la formación programada a empresas

Desde Autoforma, observamos con preocupación y cierto escepticismo la reciente iniciativa de alguna dirección provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que introduce un cambio significativo en la documentación de costes requerida para la formación programada a empresas. A partir de 2024, se está solicitando a las entidades impartidoras y proveedoras de formación que presenten facturas detalladamente desglosadas por cada acción formativa, incluidas las plataformas proveedoras de teleformación, que, como sabemos, facturan por cuotas mensuales, conforme a lo establecido en el art. 13 de la Orden TAS 2307/2007, el art. 7 de la Ley 30/2015, y el art. 16 del RD 694/2017.

Esta medida, que representa un primer precedente, ha sido recibida con sorpresa en Autoforma, dado que introduce un nivel de detalle en la facturación que es más típico de los procedimientos de subvención que de la formación programada por empresas.

En nuestra visión, la formación programada no debería ser tratada como una subvención. Las empresas invierten en este modelo de formación como parte de su desarrollo estratégico y obtienen bonificaciones como un apoyo (y porque ya lo han pagado en la cuota de formación profesional y recuperan en forma de crédito), no como una subvención que requiere un alto grado de fiscalización y desglose detallado.

La exigencia del SEPE de desglosar las facturas por cursos en el contexto de teleformación nos parece una imposición que no solo complica la gestión administrativa de las empresas gestoras, formadoras y proveedoras, sino que también implica un entendimiento erróneo del propósito y la naturaleza de la formación bonificada.

Autoforma sostiene que esta nueva práctica podría no solo ser innecesaria sino también contraproducente y no ajustada a normativa, al aumentar la carga administrativa y los costos operativos, sin soporte legal y sin proporcionar beneficios claros ni mejorar la calidad de la formación.

Es más, este enfoque sugiere una falta de confianza en las empresas que realizan una inversión legítima en el desarrollo formativo de sus empleados. La formación programada a empresas está diseñada para ser ágil y responder a las necesidades específicas del mercado laboral y de las empresas, no para estar sujeta a los mismos criterios rigurosos y restrictivos aplicados a las subvenciones.

El Art. 13 de la Orden TAS y los artículos correspondientes en la Ley 30/2015 y el RD 694/2017, si bien establecen las bases para la imputación de costes, no deberían ser interpretados de manera que obliguen a las empresas a someterse a un régimen de fiscalización propio de otros contextos de financiación pública. Más aun la Orden TAS que desarrolla un RD derogado

Desde Autoforma, instamos a una revisión de estas nuevas medidas por parte del SEPE. Es fundamental que se considere el impacto de estas exigencias en las empresas que ya están comprometidas con la formación continua y el desarrollo de sus trabajadores. El enfoque debería ser facilitar, no obstaculizar, la inversión en formación.

Celia Esteban Escobar Presidenta

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