FUENTE: WEB DE CCOO
CCOO ha reclamado al Ministerio de Empleo que negocie medidas que permitan ordenar y controlar la formación de demanda que se bonifican las empresas de nuestro país. El 98% de las empresas que accedieron a la bonificación de la cuota de formación, que aportan las empresas y los trabajadores, lo hicieron a través de las más de 7800 entidades organizadoras de formación, a las que no se exigen requisitos de inscripción, acreditación o control de calidad, según CCOO.
El 53% de las mencionadas entidades son centros de formación, un 15% consultoras, un 24% empresas que no se dedican a la formación y un 7% autónomos, que pueden cobrar hasta una cuarta parte del coste de los cursos que organizan en concepto de costes asociados, o gastos de gestión. Tres cuartos de las entidades organizadoras tiene menos de nueve trabajadores.
Según CCOO, todas las empresas disponen de un crédito anual para formación de sus trabajadores, cuyo importe se calcula en función del tamaño de la empresa y de la cuota de formación pagada el año anterior, con una cuantía mínima de 420 euros anuales para las microPYMES de entre 1 y 5 trabajadores. En el resto de empresas el porcentaje de aportación varía en función del tamaño de la empresa. El crédito se hace efectivo mediante una bonificación en las cotizaciones a la Seguridad Social, previa comunicación de las características de los cursos, a través de una aplicación telemática de la Fundación Tripartita para la Formación para el Empleo (FTFE). La mayoría de las tramitaciones se realizan a través de las denominadas entidades organizadoras.
La formación bonificada de las empresas gestiona actualmente en torno a 650 millones de euros anuales, con un crecimiento del 12% desde 2011, mientras que los fondos para programas de formación para el empleo se han reducido un 30% y la formación de oferta ha descendido un 54% en el ámbito estatal y hasta un 70% en las Comunidades Autónomas.
Francisco Moreno, representante de CCOO en la FTFE, considera que «la formación bonificada, o de demanda, en las condiciones actuales, no cumple, en la mayoría de los casos, el papel de cualificar a los trabajadores para mejorar sus competencias profesionales y cubrir las necesidades productivas de las empresas, especialmente en el caso de las pymes. Así lo ponen de relieve las evaluaciones realizadas por encargo de la propia Fundación Tripartita».
Para CCOO, los trabajadores y trabajadoras, a través de sus representantes legales, deben poder negociar el plan de formación de su empresa y no exclusivamente ser informados del mismo por parte del empresario, tal como ocurre en estos momentos. En las empresas mayores de 50 trabajadores, los planes de formación deben surgir de la negociación colectiva sectorial y de la negociación en la propia empresa. En las menores de 50, deberían ser organismos bipartitos empresariales y sindicales, de carácter sectorial, los que actuaran como entidades organizadoras de la formación. Esos planes de formación y acciones formativas deberían ser impartidos y realizados en centros de formación públicos y centros privados registrados y acreditados.
Javier López, Secretario de Formación de CCOO, ha declarado que «la obsesión del Ministerio de Empleo por introducir la libre competencia en la formación de oferta para trabajadores ocupados, que gestiona una mínima parte de los recursos, está conduciendo a olvidar que el mayor problema se produce en formación bonificada o de demanda, que gestiona recursos muy superiores. Introducir racionalidad y criterios claros y transparentes de gestión en la formación bonificada mejoraría su calidad y prevendría irregularidades, fraudes y abusos».
«En las pequeñas y medianas empresas, en las micropymes, se ha creado un mercado de la formación compuesto por acciones de baja calidad, con un coste cercano a los 420 euros, que es el crédito anual del que dispone una pequeña empresa. Además la mayoría de la formación se realiza a distancia (enviando un CD al alumno), una modalidad que no se financia en el resto de las iniciativas del sistema, pues su control es mucho más complejo y los resultados del aprendizaje más deficientes. La falta de requisitos de las entidades organizadoras y la falta de control de los contenidos formativos impartidos serían ya motivos suficientes para poner orden. Pero es que además no existen justificaciones de gastos, ni necesidad de presentar facturas, salvo casos de verificación. Creemos que para las pequeñas empresas, las que más necesitan formación, la bonificación se ha convertido en un cheque formación que teóricamente pertenece a la empresa, pero que es administrado por miles de entidades sin control. De ahí que el 40% de las empresas de entre uno y cinco trabajadores que acuden al sistema de bonificaciones no vuelva a repetir tras una primera experiencia», concluye el sindicalista.
