A las puertas de un nuevo curso académico, y con las pilas casi cargadas o cargadas, afrontamos un tiempo con el deseo de continuar con la evolución que está llevándose a cabo en el sector de la gestión de la formación bonificada, el sector de las gestoras de formación.

Aunque hay mucho que avanzar aun, merece la pena subrayar que se han ido alcanzando metas que hace no mucho tiempo eran inimaginables.

La primera y fundamental, ya que sin eso no hay seguridad en el sector: se ha avanzado mucho en la protección jurídica. No solo eso, sino que se han ido ganando expedientes que, por motivos no justificados normativamente, habían sido propuestos para el reintegro de las bonificaciones.

La administración lo ha podido comprobar con el aumento considerable de alegaciones y recursos.

Por cierto, merece la pena resaltar que algo falla en la administración competente cuando tiene un cuello de botella enorme con tantos recursos y alegaciones. Algo no funciona bien cuando una administración tiene tal cantidad de recursos y alegaciones.

¿Dónde está el problema? ¿En Fundae? ¿Sepe? ¿En sus engranajes de comunicación?

El sector ya no se queda de brazos cruzados: actúa en la defensa jurídica y legítima de los intereses.

Empezamos la andadura de la asociación hace cinco años con el lema “juntos más fuertes”, y así ha sido.

Autoforma suma y sigue

En cinco años hemos consolidado una asociación con 317 asociados en el momento actual.

Repartido en todo el territorio nacional, que, unidos han sabido que sus intereses se defienden mejor.

El sector tiene futuro (que no nos digan lo contrario). La gestión de la formación tiene futuro.

Los gestores de formación son los expertos en gestión de la formación.

Pero, es necesario ir avanzando en la búsqueda de una gestión segura, lógica y razonable. Exigiendo a la administración la convergencia hacia ese escenario, quien hace en numerosas ocasiones una interpretación de la norma muy sesgada.

Por ello nos marcamos varios objetivos/reivindicaciones en los próximos meses, entre otros, ya que en los costes habría que desarrollar un procedimiento más detallado ante los excesos interpretativos por parte de FUNDAE y SEPE

En general:

#1.- Que en cada acción formativa haya trazabilidad de cada intervención que se practica y quién la ha realizado.

Si el cambio lo realiza FUNDAE que se explique y motive el cambio y que el mismo resulte visible al entrar en la acción formativa. Y que esa modificación genere una notificación automática al gestor/entidad organizadora que lo ha tramitado para que el administrado pueda ejercer su derecho a subsanar o alegar.

FUNDAE realiza modificaciones en el aplicativo telemático de los datos que las Entidades Organizadores o Empresas Bonificadas hemos comunicado y firmado con nuestro certificado digital.

Además, lo realiza sin que quede registrado dicho cambio, es decir, quién lo realiza, cuándo y por qué. Esto es grave ya que el gestor puede sufrir la asunción de responsabilidades por no poder demostrar que lo que aparece en el aplicativo no se corresponde con la gestión que hizo y firmó.

#2.- Que FUNDAE y el SEPE establezcan un procedimiento de resolución presencial de incidencias o motivos de anulación de bonificaciones.

#3.- Que FUNDAE y el SEPE cumplan con un plazo legal de respuesta a las consultas, alegaciones y recursos.

#4.- Que se puedan realizar consultas vinculantes al SEPE.

#5.- Que haya unidad de criterio entre las distintas delegaciones del SEPE.

Para acciones formativas solicitamos:

#1.- De la misma manera que ocurre en la Red Empresarial, cuando la empresa que se bonifica contrata a la Entidad Organizadora para la gestión de bonificación, pero selecciona y contrata también directamente a la Entidad Formadora, ésta facture directamente a la empresa receptora de la formación y no a la Entidad Organizadora.

#2.- Cuando la formación se contrata a una entidad formadora externa la justificación del coste se acredita con la presentación de la factura y dicha Entidad no tiene ninguna obligación de justificar ante el SEPE sus costes por lo que ha de abandonarse esta práctica impropia. Nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Es competente el SEPE para ello?

Para los PIF:

Resulta inexplicable para una empresa que se bonifica un PIF por un trabajador/a que realiza una formación reconocida con una Titulación Oficial, incluidos los Títulos Propios de Universidad, que se le solicite en las actuaciones de seguimiento y control que acredite aspectos que están implícitos en la condición de titulación oficial y sobre los que el SEPE no puede determinar si cumplen o no cumplen con las condiciones para la bonificación, como, por ejemplo:

• El Curriculum Vitae de los formadores
• “La justificación de homologación del centro de impartición”
• Temarios
• Medios didácticos y planificación didáctica

Nuestra petición es que los controles se ciñan a lo que dice la normativa legal que debe cumplirse para dar derecho a la bonificación mediante PIF y que tiene relación con:

• Si la formación se corresponde con una acreditación o titulación oficial, incluidos los títulos propios de Universidad
• Si la formación ha sido efectivamente impartida
• Si el trabajador de la empresa beneficiaria ha asistido a la formación
• Acreditar la Solicitud y concesión del Permiso
• Acreditar la jornada laboral de trabajador
• Acreditar el salario fijo bruto anual
• Acreditar el coste del Permiso

Actualmente cuando firmas la notificación de un PIF ya hay datos que a nivel inmediato no pueden modificarse y los demás al cabo de un determinado plazo ya no se pueden modificar en absoluto, aunque la formación no haya comenzado, lo cual no tiene ningún sentido teniendo en cuenta que un PIF se puede comunicar hasta el día antes de su inicio. Por esta razón lo sensato es que se pueda modificar absolutamente todo hasta el día antes del inicio de la formación.

Estadísticas 2017

Por último, y, aunque avanzaremos próximamente más en todos estos asuntos, nos llama poderosamente la atención que basándonos en las estadísticas de la formación programada en 2017 la tasa de empresas que ha recibido formación en ese año cuyo tamaño oscila de 1 a 9 es del 16.8 % frente al 92.7 % de las empresas de más de 250 trabajadores. Fracaso claro de FUNDAE con las microempresas.

En la línea de que el sector vaya convergiendo hacia la lógica y la racionabilidad vemos que las grandes empresas tienen ya camino recorrido que aun les falta a las micropymes.