Análisis Jurídico de la Desproporcionalidad en el Criterio de la Dirección Especial de la ITSS sobre las Bonificaciones para la Formación

La Dirección Especial de la ITSS ha adoptado un enfoque restrictivo en la interpretación de la normativa sobre bonificaciones para la formación, obligando a las empresas a justificar exhaustivamente todos los costes, incluidos los indirectos. Este enfoque desproporcionado sobrecarga administrativamente a las empresas y no reconoce el margen de beneficio necesario para su sostenibilidad. En Autoforma, abogamos por una revisión de estos criterios para alinear la normativa con su espíritu original, facilitando así el acceso a las bonificaciones y promoviendo la formación continua de los trabajadores.

Introducción

En Autoforma, hemos observado que las inspecciones de la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) sobre las bonificaciones para la formación suelen resultar en actas de infracción. Este seguimiento, aunque no es habitual, deriva de una interpretación sesgada de una normativa desactualizada, específicamente la Orden TAS 2307/2007, desarrollada bajo un real decreto ya derogado. Esta situación plantea interrogantes sobre la necesidad de estos seguimientos, dado que no existe una normativa clara y concreta sobre la justificación de costes en la formación programada a empresas.

Interpretación Sesgada de la Normativa

Las bonificaciones para formación están diseñadas para fomentar la capacitación de los trabajadores, compensando a las empresas por parte de los costes incurridos. Es esencial destacar que el espíritu de la norma prioriza la capacitación de los trabajadores sobre la justificación de los costes. La bonificación no es una subvención, sino un crédito de formación que la empresa decide cómo y cuándo utilizar, sin intervención administrativa. Sin embargo, la dirección especial ha adoptado un enfoque que obliga a las empresas a justificar exhaustivamente todos los costes, ignorando el margen de beneficio necesario para la sostenibilidad empresarial.

Exigencia de Justificación Exhaustiva

La Dirección Especial de la ITSS ha adoptado un enfoque que obliga a las empresas a justificar exhaustivamente todos los costes, incluyendo los indirectos y de organización. Esta práctica no solo sobrecarga administrativamente a las empresas, sino que también ignora la realidad económica de los negocios, que deben generar beneficios para ser sostenibles. Esta interpretación normativa restrictiva trata las bonificaciones casi como subvenciones, desviándose significativamente del propósito original de estas ayudas.

Marco Normativo y Exigencias de Justificación

La normativa actual, representada por la Ley 30/2015 y el Real Decreto 694/2017, establece que las bonificaciones tienen como objetivo compensar parcialmente los costes incurridos por las empresas en la formación de sus empleados. Sin embargo, la dirección especial exige una justificación detallada de todos los costes, incluyendo indirectos y de organización, lo que implica una carga administrativa significativa.

Referencias Normativas Clave

Bonificaciones vs. Subvenciones: Distinción Crucial

Es esencial diferenciar entre bonificaciones y subvenciones. Las bonificaciones ofrecen una compensación flexible a las empresas, facilitando la formación continua de sus trabajadores sin imponer una carga administrativa excesiva. En contraste, las subvenciones requieren una justificación más estricta de los gastos. La confusión entre estos dos mecanismos puede llevar a interpretaciones normativas que no reflejan el espíritu original de las bonificaciones.

Exigencias de la Unidad Inspectora: Un Enfoque Desproporcionado

Las actas de infracción destacan varias áreas donde la dirección especial ha adoptado un enfoque excesivamente riguroso:

  1. Desglose de Costes: La insistencia en un desglose detallado de todos los costes impone una carga administrativa significativa, sin considerar la operativa real de las empresas. Esta práctica exige que las facturas de formación programada incluyan un desglose minucioso de cada componente de coste, algo que puede resultar inviable para muchas empresas debido a la complejidad y variabilidad de sus actividades.
  2. Costes Indirectos y de Organización: La normativa permite la inclusión de ciertos costes indirectos y de organización. Sin embargo, la interpretación restrictiva de la Unidad Inspectora limita severamente esta posibilidad, afectando negativamente la capacidad de las empresas para beneficiarse de las bonificaciones. Los gastos mínimos, que deberían ser considerados como parte de la operativa normal de una empresa, son objeto de un escrutinio desproporcionado.
  3. Margen de Beneficio: Al tratar las bonificaciones como subvenciones, se ignora la necesidad de un margen de beneficio para las empresas. Este margen es esencial para la sostenibilidad y el crecimiento empresarial, permitiendo que las empresas reinviertan en la formación y en otros aspectos operativos. La ausencia de reconocimiento de este margen socava la viabilidad económica de las empresas.

Impacto en las Empresas

Las implicaciones de este enfoque son profundas. La excesiva carga administrativa y la incertidumbre normativa pueden desincentivar a las empresas a participar en programas de formación bonificada. Esto, a su vez, puede afectar negativamente la calidad de la formación ofrecida y la competitividad de las empresas en el mercado global. La exigencia de una justificación exhaustiva de todos los costes puede llevar a las empresas a invertir más recursos en cumplir con los requisitos administrativos que en la calidad de la formación misma.

Ejemplos Específicos del Acta de Infracción

El acta de infracción reciente proporciona varios ejemplos de cómo esta interpretación normativa afecta negativamente a las empresas:

  • Declaración de Costes Directos: La empresa declaró el 100% de los costes de formación como directos, pero solo una fracción fue justificada según los criterios restrictivos aplicados por la Unidad Inspectora. Este enfoque punitivo no considera la naturaleza integral de los costes asociados a la formación.
  • Falta de Desglose en Facturas: La ausencia de un desglose detallado en las facturas emitidas fue considerada como un incumplimiento grave, sin tener en cuenta la naturaleza operativa y financiera de la empresa. Esta interpretación rígida no reconoce las prácticas contables y operativas comunes en muchas empresas, creando una barrera adicional para el cumplimiento.

Necesidad de Revisión y Ajuste Normativo

Es fundamental que las autoridades revisen y ajusten sus criterios de evaluación para alinearse con el espíritu original de las bonificaciones para formación. Las empresas necesitan un entorno regulatorio que reconozca su esfuerzo en la capacitación de sus empleados y que facilite el acceso a estas bonificaciones. Un marco normativo equilibrado debe proporcionar claridad y flexibilidad, permitiendo que las empresas se concentren en mejorar la formación de sus trabajadores sin ser agobiadas por exigencias administrativas desproporcionadas.

Conclusión

El enfoque actual de la dirección especial, que trata las bonificaciones como subvenciones y exige una justificación exhaustiva de todos los costes, es desproporcionado y no refleja la realidad operativa de las empresas. Es crucial adoptar un enfoque más equilibrado y realista, que permita a las empresas beneficiarse de las bonificaciones de manera efectiva y sostenible, fomentando así la formación continua y el crecimiento económico. Un cambio en la interpretación normativa hacia una mayor flexibilidad y comprensión de las necesidades empresariales es esencial para mantener la competitividad y el desarrollo del sector de la formación.

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